La extorsión es una de las formas que tienen los poderosos grupos inmobiliarios de imponer criterios en las mayorías, cuando tratan de lograr adhesión a proyectos constructivos que requieren aprobación de las instituciones del Estado. Lo suelen hacer aprovechando su enorme capacidad comunicacional, gracias a los medios “amigos”, otros de los actores que obtendrán ventajas de concretarse tales propuestas. Desde allí transmiten las utópicas ventajas que obtendrán los ciudadanos si sus obras se realizan, “olvidando” siempre mencionar algunos “detalles”, que no son tales.
En Rosario, ese criterio se ha venido aplicando desde hace demasiado tiempo. El desarrollo inmobiliario se basó en transgresiones, fue su necesidad primordial para permitir construir donde el Código Urbano no lo permitía. Las re-adecuaciones reglamentarias han sido lo corriente, lo “normal”. El desprecio por la calidad de vida de las mayorías ha brillado por su ausencia en cada decisión, siempre empujadas por el apuro de los grandes extorsionadores edilicios.
El Concejo Municipal ha sido y es el factor clave a la hora de resolver permisos para edificaciones de gran volúmen. Su constitución heterogénea podría hacer pensar que se asegurasen los mayores beneficios para la población ante cada solicitud de adecuación reglamentaria para permitirlas. Pero no suele ser así. Salvo honrosas excepciones, las visiones mercantilistas y de falsos progresismos han primado, para solaz de los “emprendedores” inmobiliarios y en detrimento de los habitantes de a pie. Lo hacen, dicen, para resolver necesidades. Pero la cuestión no es la necesidad, sino su resolución. El problema no es el por qué, sino el para qué y, sobre todo, el cómo.
Interesados solo en la maximización de sus beneficios, los privados pretenden elevar las alturas más de lo normado, para el aprovechamiento de los altos costos de la tierra en los sitios de mayor atracción para sus posibles clientes. Para lograrlo, para que sus ganancias asciendan más allá de lo imaginable, no les importan los costos urbanos ni sociales. En realidad, nunca les importaron, en ningún emprendimiento. Amontonar superficies es su paradigma y la fuente de sus enormes riquezas. Es el requisito que imponen a la ciudad, que se rinde a sus pies a cambio de miserables tasas que se cobrarán cuando esos edificios estén terminados, casi una limosna mostrada como todo un logro por los genuflexos que administran nuestros intereses urbanos.
Muy lejos de entender el significado de la palabra ciudad, de la palabra urbe, y mucho menos la definición de desarrollo, estos falsificadores del urbanismo arremeten contra nuestro futuro con la voluntad de los que se saben poderosos. Pasean sus mentiras en reuniones con concejales que, en su mayoría, solo actúan de abogados defensores de los intereses de sus corporaciones. Relatan y muestran maquetas que obnubilan a los desprevenidos, asegurando brillantes prosperidades urbanas, que solo serán las propias.
Así construyen (vaya paradoja) una idea aceptada con alegría por las mayorías. Construyen ideas para destruir el concepto de ciudad, entendida como un ámbito social que requiere mucho más que solo grandes edificios y calles, para entenderla como tal. Es un lugar donde el desarrollo se manifiesta no solo por sus construcciones materiales, sino por la manifestación de una cultura donde el ser humano sea su centro indiscutido, donde los objetivos y las metas sean producto de decisiones populares, donde los paradigmas de crecimiento no nazcan de los intereses espúrios de grupos concentrados de poder.
Las oportunidades para un auténtico desarrollo urbano se seguirán tirando a la basura del destino programado por el Poder. Más parodias se consumarán en la casa de todos los rosarinos, con la anuencia de muchos pendencieros de la política. Nuevas batallas se seguirán perdiendo detrás de falsos paradigmas constructivos. Serán derrotas que, encima, tendrás sus monumentos mostruosos, que observaremos por décadas como muestra repugnante de la idiotez colectiva inducida por unos pocos espejitos de colores de los colonizadores de nuestro territorio ciudadano.
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