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sábado, 19 de febrero de 2022

EL DERECHO AL PATRIMONIO URBANO

Por Roberto Marra
 
Alguien muy importante en la historia política nacional, dijo alguna vez que si uno quiere que nada se haga sobre un determinado tema, lo mejor es armar una comisión. De ahí a la inutilidad de las “comisiones” conformadas alrededor de este tema tan trascendente para el desarrollo social y cultural, como es la defensa del Patrimonio arquitectónico y urbanístico, hay un paso muy corto. Cuando mucho, se ha tratado de reuniones de profesionales de supuesta o real relevancia en sus actividades privadas, convocadas para que de sus discusiones surjan ideas que después, invariablemente, serán escasamente respetadas o, peor aún, directamente ignoradas. Esto, en el caso que de verdad esas personas dediquen esfuerzos reales para el fin que se los convocara.
 
El Programa de Patrimonio Municipal es otro reducto donde permanecen y se reproducen las mismas taras que esas “comisiones” llevan en su génesis. Un organismo más del burocratismo disfuncional para con la realidad urbana y ciudadana, a la que sólo le entrega grandilocuentes enumeraciones de buenas intenciones, inevitablemente dispares con la verdad construída de esta ciudad atravesada por la peor de las “epidemias” urbanas: la especulación inmobiliaria.
 
Esa, y no otra, es la más importante de las razones por las cuales vemos, día tras día, caer bajo la piqueta genocida de la historia construida, a las expresiones culturales de nuestros antecesores en la vida arquitectónica de esta ciudad, tan especial en su historia y su conformación como tal. Nada de lo que digan los famosos “planes urbanos”, que se lanzan periódicamente para pretender mostrar intenciones que sirven sólo para generar expectativas de grandiosas realizaciones sin principio ni final especificado, servirán para otra cosa que para ser “gambeteados” por los poderosos grupos de “emprendedores” inmobiliarios.
 
Son las decisiones de éstos sectores las que termina “planificando” nuestra urbe. Son ellos y no el poder elegido por los ciudadanos para determinar los destinos de su hábitat común, quienes destruyen lo que se les ponga en el camino de sus acumulaciones territoriales y monetarias. Actúan con la impunidad que les da su preponderancia económica, haciendo añicos el “derecho a la ciudad”, supuestamente incluyente de la totalidad de la población, olvidado en el rincón de las causas perdidas por los “gerenciadores” de nuestra urbe.
 
Son esas mismas razones y especulaciones las que alejan la posibilidad de apropiarse del espacio aéreo de nuestra urbe, atravesado impunemente por miles de cables donde el órden nunca fue premisa de sus ejecutores y su reordenameinto jamas pasó por la mente de nuestros representantes, temerosos de las monopólicas empresas que se adueñaron de nuestro cielo. Es la misma condición del arbolado público, que lejos de ser una prioridad para el planeamiento urbano, es avasallado permanentemente por todos los actores urbanos, incluso sus directos beneficiarios, los propios ciudadanos.
 
La Secretaría de Planeamiento, donde recalan siempre “académicos” que no cuentan con mayor capacidad de decisión, se ha convertido en un lugar que sirve simplemente para redactar ordenanzas de protección que no protegen, señalar edificios a cuidar que no se cuidan o programar planes urbanos generados sin la más mínima participación ciudadana y sus organizaciones más representativas. Otro ente donde gana la burocracia y se desconoce al hacedor de todas las cosas, al participante indispensable en la construcción de la cultura urbana: su Pueblo.
 
Los denominados “convenios urbanísticos” no han sido sino meros traslados de beneficios a los opulentos empresarios de la construcción, dejando para la ciudad la apropiación de los mejores espacios y tierras urbanizables, más el oprobio de la segregación social resultante de sus edificaciones “exclusivas”, que son , en realidad, excluyentes. Se han apoderado del Río Paraná, se han adueñado del paisaje y los vientos, se han quedado hasta con el sol y la luna. Nos han dejado la infraestructura saturada, los caños explotados, las aguas servidas emergiendo de los conductos que no cubren la demanda de semejantes superficies superpuestas, los cables y subestaciones eléctricas quemados por el exceso de sus profusiones lumínicas.
 
Y el patrimonio, entonces, ¿a quién le importa? A los responsables de estas calamidades consentidas por una parte mayoritaria del poder político, seguro que no. A la población en general, eso que suele denominarse “el ciudadano de a pie”, atosigado por mil y un problemas individuales y colectivos, puede no parecerle importante para sus vidas. Hasta que ven derribar el edificio de al lado, o notan un enorme agujero donde antes hubo un comercio que conociera de niño, o desconocen su viejo barrio atravesado por las sombras de edificios que aplastaron sus viviendas de antaño.
 
La cultura construída es la más trascendente de todas. La fuerza de la arquitectura, la expresividad que le otorga a cada tiempo una característica especial, son las manifestaciones más claras de las diferentes sociedades que nos antecedieron, hacen a la formación de un criterio urbano singular, de un “gen” ciudadano específico que nos permite reconocernos como parte de un lugar, “dueños” de un territorio común. La defensa del Patrimonio Urbano, es la de esa historia escrita con ladrillos y argamasas por ignotos albañiles y más o menos reconocidos profesionales, y hacen a la dignidad de ser rosarinos.
 
No queda otro camino que la educación. No hay otra salida que encontrar nuevas formas de mostrar esta realidad y demostrar su negativa condición destructiva de un pasado que, imprescindiblemente, debe estar presente. El aquí y ahora que todo lo aplasta, debe ser erradicado de la concepción urbana de las nuevas generaciones. Y también de las anteriores. Existen métodos comunicacionales que deben ser aprovechados al máximo para perforar la cultura del dejar hacer a los poderosos especuladores y atravesarnos en su loco camino destructivo.
 
Ganar adeptos en los ámbitos políticos también es una manera positiva de emprender la reconstrucción del sentido de ciudad que se está deshaciendo con cada derribo de edificio. Llegar al Concejo Municipal con propuestas concretas en defensa de lo que está desapareciendo, no es tiempo perdido, si detrás de ello se movilizan cada vez más personas. Y hacer que lo comprenda mayoritariamente nuestra sociedad, es parte de la lucha infatigable de la que debiera ser la más importante razón de todas en defensa del Patrimonio Urbano: el derecho a la ciudad.

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